Durante los últimos años se ha convertido en un hecho muy común que el Gobierno estatal emplee la forma del Decreto-ley para realizar reformas legislativas de cierta relevancia y, en muchos casos, de modo indebido. Esta tendencia, que comenzó a establecerse en el año 2009, siendo cierto que su posible existencia se planteó a principios de la década pasada, ha provocado que el ordenamiento jurídico español se haya llenado de Decretos-leyes que hacen que reine la inseguridad jurídica en diversas situaciones.