El Consell de l’Advocacia Catalana considera que la instauración de la pena de prisión permanente revisable “es contraria al artículo 25 de la Constitución, según el cual las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social”, y añade que” toda pena que no cumpla este requisito supone un grave retroceso en los derechos y principios rectores del Código Penal“.
Para el presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Miquel Sàmper, “el poder legislativo no debe modificar o crear leyes bajo la presión de las fuerzas mediáticas, sino que debe actuar siempre bajo el respeto de los principios fundamentales que amparan nuestro ordenamiento jurídico“. Para Sàmper “la prisión constituye el fracaso de la sociedad”, por lo que propone como alternativa “dirigir la política criminal a las penas alternativas que permitan y faciliten la reinserción”. De esta manera “se descongestionarían las cárceles y se reduciría el gasto público“.
La Abogacía Catalana recuerda que “somos el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta, aunque tenemos el índice más bajo de criminalidad”.
