Barcelona.
Durante la jornada se han abordado todo un conjunto de aspectos relacionados con el crimen organizado. La Dra. Lela Janashvili, de la Universidad de Tbilisi, ha compartido con nosotros el modo en que los países del Europa del este se enfrentan a la delincuencia transnacional. La colaboración policial y la protección de los derechos humanos han sido el núcleo de la ponencia.
Seguidamente, tomaron la palabra el magistrado Enrique Rovira de Canto, y el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio Garcia Jabaloy. Ambos se han referido a los retos que el Poder Judicial tiene que afrontar diariamente, retos vinculados con la criminalidad transnacional, los ciberdelictes y el fraude informático. Los ponentes han destacado que la cooperación judicial europea es clave para hacer frente al criminal transnacional, cada día más organizado. La colaboración y cooperación entre los cuerpos de policía europeos (EUROPOL) y los organismos judiciales (EUROJUST) juegan un papel central des la aprobación del Tratado de Maastricht (más conocido como el Tratado de la Unión Europea) y el Acuerdo de Schengen (el cual permite la persecución policial “en caliente” de los delincuentes, entre otras peculiaridades), pues autorizan la persecución extraterritorial de los criminales que huyen en otro Estado para evitar ser arrestados. Ambos juristas han subrayado la especial necesidad de concebir nuevos procedimientos judiciales, con el fin de garantizar la eficacia de la actuación de la justicia y evitar la impunidad de los delincuentes.
A continuación, ha tomado la palabra el comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía José Maria Delgado. Su ponencia ha versado sobre las relaciones entre España y la Unión Europea frente el crimen organizado, haciendo referencia a un tipo de criminalidad organizada: la corrupción política, actualmente la 2ª preocupación de la ciudadanía según la encuesta del CIS de marzo de 2013, sólo superada por el paro. El ponente ha compartido con nosotros sus conocimientos y experiencia al frente de la policía a lo largo de sus años de servicio, haciendo referencia al Convenio de Palermo de 2000, sobre la delincuencia organizada, y el Convenio de Mérida de 2003, sobre la corrupción política. Ambos Convenios han sido celebrados en el seno de la ONU. Por el que hace el derecho interno español, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es la más importando relacionada con este asunto, además de transposar las siguientes normas de la Unión Europea:
Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, la cual inicia la coordinación de las políticas de prevención del blanqueo de capitales.
Directiva 2005/60/CE, una norma de mínimos que establece un marco jurídico general obligatorio por los Estados miembros de la Unión.
El ponente nos ha hecho saber que a día de hoy, la Comisión europea ha presentado una nueva propuesta de Directiva al Parlamento y al Consejo, lo cual puede suponer una la modificación de la normativa vigente.
Posteriormente, ha intervenido el Sr. Antoni Verger, intendente de los Mossos d’Esquadra. Ha explicado cómo funciona la División de Investigación Criminal de los Mozos y cómo hace frente a las organizaciones criminales transnacionales, haciendo referencia al Decreto 415/2001, de 13 de diciembre, de estructura de la función policial de la Dirección general de Policía. Tal y como destacó el ponente, la policía catalana tiene competencias de actuación en el ámbito del crimen organizado y el terrorismo, las cuales son reguladas al Estatuto de Autonomía de Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio). El mismo texto legal permite a los Mossos d’Esquadra participar en el canje de información con otros cuerpos policiales en el ámbito internacional.
En conclusión, la jornada ha sido una excelente oportunidad para ampliar nuestros conocimientos sobre el crimen internacional y los delitos transnacionales. En un momento dado de la conferencia, un oficial de policía asistente al Seminario explicó, con impotencia, que algunos dirigentes políticos con los que ha tenido una reunión detenten una actitud pasiva verso la corrupción y el crimen internacional dado que estos delitos, a diferencia del terrorismo (contra el que se legisla constantemente), no generan tanto de ajetreo y ruido como el que puede producir un atentado terrorista, ocasionando decenas de muertos y heridos. Esta desentendida es un obstáculo en la lucha contra los criminales, puesto que no se toman las decisiones en el ámbito político que necesitan los cuerpos policiales y órganos judiciales para hacer efectiva la lucha contra la delincuencia organizada.
Finalmente, el discurso de Josep Maria de Díos (Decano de la Facultad de Derecho de la UAB) ha protagonizado la conclusión, agradeciendo la inestimable labor del equipo investigador y destacando que la Universidad está al servicio de la sociedad para compartir y aportar conocimiento, para estimular el progreso y la colaboración entre el mundo académico y el mundo profesional.
