Por Pol Rubio.
Barcelona.
25 de junio de 2018.
El whistleblowing es un concepto relativamente reciente (2002) y americano que hace referencia a los canales de denuncia interna que habilitan las empresas para declarar comportamientos, acciones o hechos que puedan constituir violaciones de normas internas, códigos éticos o legislación vigente. Por lo tanto, el whistleblower es el comúnmente conocido como chivato, ya que por su situación dentro de una empresa u organización, es quien mejor puede conocer la producción de irregularidades. Recomendamos, para profundizar en el mismo y su regulación, el artículo de 2017 de nuestro colega Darío López Rincón.
En España se estaba tramitando una ley al respecto, la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, apoyada por algunas organizaciones pero rechazada por otras como la plataforma que lucha por los derechos digitales y la democracia en red Xnet, que consideraba que ese proyecto estaba absolutamente por debajo de los estándares internacionales e incluso era peligroso para los propios denunciantes. En cualquier caso, el mismo quedó sin efecto el pasado 23 de abril de 2018, cuando la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva encaminada a la protección de los whistleblowers.
Esta Propuesta llega en medio de un clima tenso en cuanto a revelaciones de datos y justo una semana después de que fuera enjuiciado el asunto de Antoine Deltour, exempleado de PricewaterhouseCoopers que recibió una suspensión de seis meses por revelar evasión de impuestos a escala industrial en Luxemburgo.
Asegurando su protección se cree que los whistleblowers se verán con más confianza y menor miedo a represalias al confesar las irregularidades que su empleador realiza, las cuales a la larga producen, en palabras del vicepresidente primero de la Comisión Europea, el holandés Franz Zimmermans, “daño al interés público”, que se materializa a través del “fraude, la corrupción, la evasión de impuestos de empresas o el daño a la salud de la gente y del medio ambiente”; y una pérdida económica cuantificada, pues de conformidad con el acuerdo con el Eurobarómetro Especial sobre la corrupción de 2017, llevado a cabo por la Comisión Europea, Europa ha estado perdiendo anualmente entre 5, 8 y 9,6 billones de euros por no proteger a los whistleblowers.
La Propuesta se aplicará a todas aquellas personas que realizan actividades laborales o asimiladas como accionistas, voluntarios, solicitantes de empleo, etc. y notifiquen infracciones de la legislación de la UE en materia de contratación pública; servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplica a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones y el abuso de las normas relativas al impuesto sobre sociedades y el daño a los intereses financieros de la UE.
Todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades; quedando exentas las empresas que operan en el ámbito de los servicios financieros porque ya se someten a un régimen más estricto. Este procedimiento deberá incluir canales claros de notificación, dentro y fuera de la organización, incluyendo a las autoridades competentes, si los canales internos no funcionan o no puede esperarse razonablemente que funcionen, y a los medios de comunicación, si no se adoptan medidas adecuadas tras la notificación a través de otros canales o existe riesgo de peligro inminente para el interés público o daños irreparables.
Para evitar denuncias falsas, se exige que el informante tenga razones fundadas para creer que la información comunicada era cierta en el momento de la denuncia y se prevé la obligación de los Estados miembro de fijar sanciones para personas físicas y jurídicas que resulten efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Por último, “no debería haber castigo alguno por hacer la cosa correcta” según comentaba Zimmermans, por lo que están prohibidas y deben ser sancionadas todas las formas de represalia. Se recoge una lista informativa pero no limitativa de lo que puede considerarse como represalias la cual incluye algunas tan variopintas como la evaluación o referencias negativas con respecto a los resultados laborales; la no conversión de un contrato de empleo temporal en permanente; o la inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, formal o informal, que implique que en el futuro la persona no encontrará empleo en dicho sector.
Si el denunciante sufre represalias, deberá tener acceso a asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas (por ejemplo, medidas para atajar el acoso en el trabajo o prevenir el despido) y la carga de la prueba se invertirá en tales casos, de modo que la organización deberá demostrar que no se trata de una represalia contra el denunciante de irregularidades.
