Sergi Blázquez es abogado licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona. Blázquez es diplomático en Derecho del Deporte, Derecho Concursal y Derecho Mercantil, ejerce también en el turno de oficio, y asesora asociaciones deportivas como la Plataforma pro “Seleccions Esportives Catalanes”. Paralelamente es el presidente de Drets, una asociación de abogados que ha nacido para denunciar los casos de ataques e insultos a los catalanes en las redes sociales y medios de comunicación.
¿Qué os impulsó a crear la asociación Drets?
Drets es una asociación que hemos creado para defender los derechos de los catalanes, como pueblo y como ciudadanos, ante todos los ataques que estamos recibiendo y que quedan sin respuesta. Ante este vacío jurídico, creímos oportuno constituirnos para poder defender legalmente, con todos los instrumentos jurídicos, estos derechos que están siendo vulnerados.
Hay, por lo tanto, un ámbito de impunidad
En efecto, veíamos que estábamos ante un caso de impunidad respecto estos ataques que se encuentran claramente tipificados en el Código Penal y que no se estaba dando respuesta alguna desde la Fiscalía, Policía… Otros colectivos que son objeto de discriminación por razones raciales, étnicas o de orientación sexual tienen sus propias asociaciones para defender sus derechos. Por otro lado, en el caso del colectivo de los catalanes que reciben ataques por el mero hecho de serlo, considerábamos que existía una vacío en la defensa de sus derecho. Por eso nos hemos constituido, para defender estos derechos jurídicamente.
Pero la línea que separa la libertad de expresión del delito puede ser a veces muy delgada. ¿Cómo se ve reflejado esto en los casos de ataques e insultos contra los catalanes?
Se trata de un tema complicado en el que es necesario ser muy meticulosos: la libertad de expresión es una garantía constitucional con la que estamos plenamente de acuerdo, pero, como bien apuntas, la línea que la separa del delito es muy fina: es necesario diferenciar los casos de libertad de expresión de un periodista o un tweet de los casos en que se está cometiendo un delito tipificado en el Código Penal, ya sea por injurias, amenazas o incitación al odio y a la violencia. En mi opinión una manifestación pública que se exprese en términos de “iremos a Barcelona a matar catalanes” o “quemaremos Cataluña y nos mearemos en las cenizas” sobrepasa a libertad de expresión y entra en aquello que sí está tipificado en el Código Penal, y con más razón cuando se hacen a través de medios de comunicación o redes sociales y van dirigidas al colectivo de catalanes por el mero hecho de serlo. La diferenciación entre delito y libertad de expresión es muy compleja a veces, pero en los casos que hemos denunciado ya, nosotros lo vemos muy claro.
Mensajes amenazadores, que incitan al odio y a la violencia, equiparaciones de independentismo con nazismo… Sin duda son conductas que pueden tener múltiples consecuencias y efectos negativos. ¿Cuál es el daño más grave que pueden causar estos ataques a la sociedad?
En primer lugar, estos ataques lo que hacen es alimentar el pensamiento de “vale todo contra los catalanes”, ya que digas lo que digas, no hay consecuencias, y esto incita a mucha gente a realizar este tipo de manifestaciones. Se va creando un cierto “caldo de cultivo” que propicia incitaciones al odio y a la violencia. Además, todos estos casos implican un ataque a la dignidad que tenemos los catalanes como pueblo, un ataque que ningún pueblo tendría que soportar. Por esto hemos decidido decir basta, nuestra dignidad debe ser defendida y estos ataques deben tener respuesta. Hemos creado Drets para precisamente esto, defender jurídicamente la dignidad de los catalanes.
En muchas ocasiones, estos ataques e insultos los han amparado medios de comunicación de ámbito estatal ¿Qué responsabilidad tienen los medios en esta problemática?
Los grandes medios de comunicación estatales en muchas ocasiones actúan de la misma forma que aquella persona anónima que amenaza o incita al odio. Estamos estudiando posibles denuncias a medios como ABC o TeleMadrid, que han realizado diversas injurias contra los catalanes y el President Mas y en muchos casos banalizando el nazismo y el genocidio. Estas son conductas plenamente tipificadas en el Código Penal, y por este motivo no entendemos porqué no se actúa. Teniendo en cuenta la influencia que estos medios pueden llegar a tener, tendrían que ser más cuidadosos con ciertas opiniones y artículos que publican.
¿Qué hay tras estos ataques de “catalanofobia”?
Creo que hay mucha ignorancia. Además, el proceso que está viviendo actualmente Catalunya crea, en este ámbito de ignorancia y desconocimiento, un rechazo y un odio reforzado por muchos medios de comunicación, que muchas veces actúan así para sacar un rédito y favorecer los partidos contrarios al proceso soberanista.
¿Qué tiene que hacer una persona que ha recibido un insulto o amenaza por el hecho de ser catalán?
Puede acceder a nuestra página web, www.drets.cat, y allí podrá exponer su denuncia y nosotros la analizaremos. Nuestro Consejo Asesor valorará si el caso es susceptible de ser denunciado e informaremos a la persona afectada de cuál va a ser nuestra actuación.
¿Cómo articuláis jurídicamente vuestras acciones?
Una de las actuaciones que hemos hecho ha consistido en personarnos como acusación popular en la denuncia que han hecho los jueces catalanes que subscribieron el “Manifest pel Dret a Decidir” contra el periódico La Razón y su director, Paco Marhuenda.
Por otro lado, este mismo viernes presentamos denuncia contra más de un centenar de usuarios de Twitter por sus tweets amenazadores, con odio e incitación a la violencia. Y lo más importante: hemos empezado una llamada pública a la sociedad porqué nos aporte toda la información que tengan de casos en los que se pueda actuar, ya sea a través de una denuncia, querella, acusación popular.
¿Qué criterios seguís para decidir en qué casos actuar?
Nuestro Consejo Asesor estudia todas las denuncias que nos llegan y su viabilidad procesal y jurídica para valorar si es susceptible de ser denunciado. Sólo actuaremos en los casos que están expresamente tipificados en el Código Penal.
Seguro que no es nada fácil llevar a cabo acciones judiciales en éste ámbito, sobre todo teniendo en cuenta los obstáculos que habitualmente dificultan el acceso a la justicia. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que os encontráis?
Nos encontramos ante unos planteamientos muy reticentes ante la figura de la acusación popular. Se trata de una figura en la que, pese a tener un fundamento constitucional, muchos círculos de jueces y fiscales tienen tendencia a poner trabas a su ejercicio. En cuanto a la denuncia que hemos interpuesto recientemente, estamos a la espera de la respuesta de la Fiscalía especial de delitos de odio y discriminación. Nosotros creemos que lo que se ha presentado tendría que ser aceptado claramente por la Fiscalía. Lo que no podemos es dejar que estos ataques sigan quedando sin respuesta alguna.
Explicaba antes que el primer caso que llevasteis a los tribunales fue el de la denuncia contra el diario La Razón y su director Francisco Marhuenda, por haber publicado las fotografías de los jueces y magistrados catalanes que habían firmado el manifiesto a favor del derecho a decidir. ¿Qué perspectivas tenéis respecto este caso?
Es un tema complicado, nosotros nos personamos ante el Juzgado de Instrucción de Barcelona a finales del mes de julio. Este juzgado, pero, sin resolver sobre nuestro escrito de personación lo transmitió al Juzgado de Instrucción de Madrid ya que éste reclamaba la competencia en base a que el periódico La Razón tiene su sede social en esa ciudad. Este juzgado de Madrid ha decretado fianza para la acusación popular, que ya ha sido depositada, por lo tanto el proceso ya se ha iniciado con la asociación Drets debidamente personada.
¿Si la justicia española no da respuesta, a qué instancias internacionales tenéis pensado acudir?
Para acudir a instancias internacionales, primero es necesario agotar toda la vía procesal española. Una vez agotada esta vía, y en función de la vulneración de la que se trate, podemos llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar al Reino de España.
¿Cómo ha sido la acogida en el mundo jurídico?
Hemos tenido una acogida fantástica, mucho mejor de lo que nos esperábamos. Estamos desbordados- en el buen sentido de la palabra- de gente que nos ofrece su apoyo, su agradecimiento; y también una multitud de compañeros abogados, procuradores y hasta estudiantes, que se están ofreciendo a trabajar gratuitamente. En resumen, una recepción espectacular, también a las redes sociales y a nuestra página web.
Para ir terminando, ¿Como valoran la suspensión del nuevo 9N por parte del TC y qué efectos creen que pueden tener sobre la votación en sí, así como sobre los ataques sistemáticos que recibimos los catalanes?
La última sentencia del TC es una resolución política, no jurídica, con la clara intención de prohibir como sea que los catalanes puedan votar. En segundo lugar, creo que jurídicamente no es correcto, si lo que se quería era impedir el proceso participativo ya existe una suspensión cautelar de la primera convocatoria y lo que se tendría que haber planteado es un incidente de ejecución sobre la primera suspensión. Lo que ha pasado es que el instrumento de incidente de ejecución no acarreaba ninguna suspensión y por eso han decidido realizar un recurso de inconstitucionalidad sin base jurídica. Por otro lado, no creo que esta nueva suspensión tenga ningún tipo de influencia: la gente que quiere ir a votar, lo hará de todas formas porqué todo está preparado ya. Esta sentencia afectaría a actos de la Generalitat como un decreto de convocatoria, pero no a este proceso conducido por voluntarios dónde todo el mundo sabe perfectamente dónde y como votar.
Desde vuestra asociación ¿os planteáis emprender alguna acción legal en caso que el Estado impida finalmente la votación?
Nos lo hemos planteado, juntamente con otras entidades como el Colectivo Praga. En función de los efectos que pueda tener este eventual impedimento de la consulta, veremos si se ha vulnerado o no el derecho fundamental de los catalanes a la libertad de expresión, y a partir de aquí interponer, si es necesario, una acción contra el Reino de España.
