La abogacía institucional ha convocado una concentración en Madrid el próximo jueves, 24 de julio, para manifestar su rechazo al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los 14 Colegios de Abogados Catalanes participarán en la concentración de los decanos y de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado, en protesta por estas y otras normas que promueve el Gobierno estatal, y especialmente el Ministerio de Justicia, por considerar que alejan la Justicia y afectan a la defensa de los derechos de los ciudadanos.
La concentración reunirá a los máximos representantes -decanos y demás miembros de las Juntas de Gobierno- de los 83 Colegios de Abogados de todo el Estado Español —entre los cuales los 14 catalanes— en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), para recorrer juntos el trayecto que separa la sede del CGAE del Ministerio de Justicia. La Abogacía manifestará de esta forma su más rotundo rechazo al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros, y al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que ya ha recibido luz verde por el Consejo de Ministros y pendiente sólo de ser debatido en el Senado para su aprobación definitiva.
La manifestación pretende también extender el rechazo del colectivo de la Abogacía al resto de reformas en materia de Justicia impulsadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, como la controvertida Ley de Tasas Judiciales —en vigor desde noviembre de 2012, y pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad— o el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros, que prevé la desaparición de los actuales partidos judiciales y la centralización en las capitales de cada provincia de los órganos judiciales.
Objetivo: Alejar la Justicia del ciudadano
El rasgo común de todas estas reformas legislativas es alejar y dificultar el acceso a la Justicia del ciudadano, ya sea poniendo trabas económicas —como en el caso de la Ley de Tasas— o bien alejando de él los órganos judiciales —Ley de Demarcación y Planta—. La Ley de Colegios Profesionales, que limita la colegiación sólo a los abogados que actúen ante los tribunales y para los que presten asistencia jurídica y no mantengan relación laboral con el asesorado, implicará una absoluta falta de control deontológico y disciplinario que dejará desprotegido al ciudadano. Además, la reducción de cuotas establecida, condenará a la desaparición a muchos colegios, obligando una vez más al ciudadano a desplazarse para acogerse a sus servicios, como por ejemplo el de Asistencia Jurídica Gratuita. Precisamente la nueva Ley que regulará este servicio contempla la posibilidad de que un abogado de oficio esté adscrito al turno de un colegio situado a cientos de kilómetros del domicilio del solicitante, un hecho que alejará aún más la justicia del ciudadano.
