El Congreso ha aprobado, este pasado jueves 21 de marzo, la nueva Ley de Seguridad Privada, que amplía las competencias de los vigilantes y les capacita para desempeñar nuevas funciones como “el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros” o la “participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”.
El redactado ha visto el visto bueno definitivo con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios rechazan la nueva legislación al considerar que “privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Entre los puntos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada encontramos los referidos a las nuevas competencias a las que habilita a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras los acuerdos alcanzados por PP y CiU en el Senado, finalmente los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales.
No obstante, sí se mantienen el resto de funciones que figuraban en el texto original, por lo que los agentes de seguridad privada podrán hacerse cargo del control del perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.
Asimismo, con previa autorización, los guardias jurado podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados así como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
De todos los puntos de la Ley el que más debate ha originado durante su tramitación parlamentaria es el referente a la potestad de los vigilantes para detener a ciudadanos que hayan cometido un delito. Tanto el Ministerio del Interior como el PP han defendido que las competencias de los vigilantes de seguridad privada para detener son las mismas con las que cuenta cualquier otro ciudadano desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, según la cual, cualquier ciudadano puede detener a otro si le descubre cometiendo un delito, si se ha fugado de prisión o si se encuentra huido de la Justicia.
El texto final aprobado este jueves por el Congreso mantiene la potestad de los agentes de seguridad privada para practicar detenciones en el ejercicio de su labor, así como anotar datos personales de los delincuentes para trasladarlos después a las autoridades. Sin embargo, no les permite averiguar o comprobar estos datos, como figuraba en el texto inicial y que fue modificado durante su tramitación en el Senado.
El PSOE, por su parte, tacha de ‘oportunidad de negocio’ la recién aprobada Ley de Seguridad Privada, al considerar que la ley pretende consolidar la seguridad privada en detrimento de la pública y abrir nuevos negocios a este sector en un asunto, la seguridad, que debe únicamente corresponder a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha sido muy crítico con la nueva ley y señala que la supuesta modificación del polémico artículo 41 ha sido simplemente un “ejercicio de trilerismo gramatical” que no ha supuesto que los “campos de negocio sean cercenados ni limitados”, pese a lo que se quiere hacer ver desde el PP.
Frente a las críticas, el diputado del PP Conrado Escobar ha defendido que la norma no solo era necesaria, sino que además regulará el sector de forma más específica y siempre bajo los principios de “complementariedad” y “subsidiaridad” a la seguridad pública.
