Los días 20 y 21 de Febrero de 2014 tuvo lugar en Bellaterra la edición número veinticinco de las Jornadas Catalanas de Derecho Social, organizadas conjuntamente por la Asociación Catalana de Iuslaboralistas y la Universidad Autónoma de Barcelona, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
La temática sobre la que han versado las Jornadas este año ha sido la “Vulnerabilidad de los derechos laborales y de protección social de los trabajadores” y asistieron juristas de reconocido prestigio del ámbito académico y judicial del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
El formato de las Jornadas fue idéntico al de años anteriores, es decir, se realizaron 6 ponencias que trataron cuestiones específicas del tema que protagonizó la edición de este año. A cada una de las ponencias podían presentarse comunicaciones, cuyo número total en esta edición ha ascendido a 23.
La primera de las ponencias fue realizada por D. Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, y el título de la misma fue: “Modelo constitucional de las relaciones de trabajo y de seguridad social”.
La ponente centró su atención en dos aspectos de rabiosa actualidad: los mecanismos de control empresarial de la utilización del correo electrónico por los trabajadores y la extinción del contrato de trabajo de trabajadoras embarazadas en periodo de prueba.
A continuación, se desarrolló la segunda de las ponencias, titulada “Como afecta la reforma laboral de 2012 a la negociación colectiva. El debate sobre la vigencia y la ultraactividad del convenio”, por D. Alberto Pastor Martinez, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El ponente puso de relieve los problemas más actuales que la reforma laboral ha originado en materia de vigencia de convenios colectivos, como por ejemplo la determinación del convenio de ámbito superior que debe aplicarse una vez finalizada la vigencia del convenio colectivo inicial o que sucede cuando no existe convenio colectivo de ámbito superior.
La tercera de las ponencias la realizó D. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, el título de la cual fue “La extinción contractual en las Administraciones Públicas. Despidos Objetivos. Contratos indefinidos no fijos.”
El ponente detalló la evolución del tratamiento jurisprudencial de las extinciones contractuales en las administraciones públicas ex disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, poniendo de relieve las principales problemáticas derivadas, como por ejemplo la existencia de grupos empresariales en el sector público o la distinción entre sector público y administración pública a efectos de la aplicación de la citada disposición.
La última de las ponencias celebrada el día 20 de Febrero fue a cargo de D. Carlos Hugo Preciado Domènech, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se encargó de profundizar en el régimen jurídico del despido colectivo a través de su ponencia titulada “La problemática del despido colectivo, en especial de la ejecución.”
El ponente expuso inicialmente la doctrina judicial más reciente de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de desarrollo del periodo de consultas y su estrecha vinculación con el deber de negociar de buena fe así como la problemática derivada de la existencia de grupo de empresas en el marco de los despidos colectivos, y finalizó su intervención explicando de forma detallada cuales son las principales cuestiones de interés en relación a la ejecución de los despidos colectivos.
La exposición de la quinta ponencia, cuyo título fue “La vulnerabilidad de derechos de protección social. Las reformas en materia de cotización en contratos a tiempo parcial, pensión de jubilación y prestaciones por desempleo.“, la realizó D. Sofia Olarte Encabo, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada.
En su exposición se explicaron las distintas modificaciones legislativas en materia de cotización a tiempo parcial, pensión de jubilación y prestación por desempleo, reflexionando en torno a lo perniciosas que resultan en materia de protección social por tratarse de reformas que se instrumentan desde un preeminente punto de vista económico.
La última de las ponencias de las Jornadas corrió a cargo de D. Fernando Salinas Molina, magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo, el título de la cual fue: “Problemas prácticos en la aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.
El ponente focalizó su atención en los problemas procesales que presenta la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, resolviendo las múltiples dudas que su interpretación presenta.
La clausura de las Jornadas se realizó siguiendo el esquema clásico de estas jornadas, esto es, con la entrega de los premios Francesc Layret y Albert Fina y la distinción de algunas de las comunicaciones que, sin dotación económica, se seleccionaron entre las 23 presentadas para su publicación en la obra colectiva que incluye las ponencias. Las comunicaciones premiadas fueron las siguientes:
– Premio Francesc Layret: Pilar Rivas Vallejo “Trabajo, Islam y Género”
– Premio Albert Fina: Inmaculada López Lluch “La <pérdida de vigencia> del convenio colectivo sin cláusula de ultraactividad tras la reforma laboral 2012”
– Comunicaciones seleccionadas para su publicación:
- Anna Gines Fabrellas “Consecuencias de la negociación de mala fe dirigida a la pérdida de vigencia ultraactiva del convenio denunciado. Apuntes para el debate.”
- David Gutiérrez Colominas “La nulidad del despido colectivo por el incumplimiento de exigencias documentales: La problemática derivada de la falta de entrega de la documentación prevista en el artículo 51.2 TRLET”
- Arantzazu Roldán Martinez “La caótica negociación colectiva tras la reforma de 2012: la intersección de acuerdos colectivos de naturaleza distinta.”
Tras la entrega de premios, D. Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, clausuró las Jornadas manifestando la primacia del Derecho del Trabajo respecto de intereses económicos, los cuales incrementan las desigualdades y la pérdida de derechos y de protección de una parte de la población, así como la importancia de éste como derecho de la ciudadanía que regule las relaciones laborales a través del dialogo y el acuerdo social.
