Redacción.
De forma pionera el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), a través del Instituto I+DRET, el Observatorio para la transición a la Ciberjusticia y el departamento de Formación, ha analizado a lo largo de los días 11 y 12 de enero el Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
El objetivo del ICAB con la celebración de esta Jornada ha sido abordar los principales cambios normativos que el RDL 6/2023 desarrolla; entre estos aspectos cabe destacar la adaptación del servicio de Justicia al marco tecnológico y digital actual, a fin de garantizar el derecho de ciudadanos y profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Cabe resaltar que la jornada ha recibido más de 3.000 inscripciones y ha sido seguida, en el momento más álgido, por más de 2.300 personas, de las cuales más de 2.000 lo han hecho de forma on-line y cerca de 300 de forma presencial en el Salón de Actos del ICAB.
El decano de la abogacía barcelonesa, Jesús M. Sánchez García; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito; Cristina Lorenzo Pérez, en representación de la dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, y Iolanda M. Aguilar Juncosa, secretaria para la Administración de Justicia del departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña han inaugurado la Jornada.
Sánchez, ha afirmado que “el derecho es el mejor instrumento para garantizar el derecho de defensa de las personas” y ha declarado que “los colegios profesionales, con la aprobación del RDL 6/2023, estamos obligados a poner a disposición de las personas colegiadas los conocimientos digitales para optimizar el uso eficiente de la ofimática, o de las relaciones telemáticas con el sistema judicial”.
El decano de la abogacía barcelonesa también ha hecho énfasis en que se está ante un cambio de paradigma y por eso es necesario disponer de un verdadero modelo de justicia adaptado a la digitalización. Ha valorado positivamente el RDL 6/2023 porque se presenta como una herramienta que busca fomentar y facilitar la participación on-line de los ciudadanos en los procedimientos judiciales, simplificando la comunicación con la Administración de Justicia, reconociendo la importancia de obtener resoluciones judiciales en tiempo adecuado, e impulsa el uso de la tecnología en el trámite del expediente judicial electrónico. Y ha concluido: “si tuviera que pedir un solo deseo para la justicia en 2024 sería consolidar la implementación del nuevo modelo de justicia digital en España, avanzar en la eficiencia y accesibilidad de la Administración de Justicia y lograr una justicia más eficiente, medible, fiable y cercana”.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, ha manifestado su satisfacción por la reciente aprobación Real Decreto-ley 6/2023 y ha solicitado que la abogacía esté presente en esta transformación digital de la Administración de Justicia. “Si queremos avanzar hacia una justicia de calidad, debemos saber gestionarla entre todos. Es por eso que la Abogacía ha solicitado – y esperamos poder conseguirlo – participar en todas las mesas que existan para seguir desarrollando esta transformación digital que será fundamental si entre todos y todas sabemos hacerlo bien”.
Cristina Lorenzo Pérez, en representación de la dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, ha declarado que el RDL 6/2013 se trata de una norma que contiene muchos aspectos pioneros en Europa y ha destacado que esta norma permitirá construir puentes entre las diferentes herramientas que existen para promover la digitalización de justicia y al mismo tiempo potencia la gobernanza en materia de ciberseguridad.
Por su parte, Iolanda M. Aguilar Juncosa, secretaria para la Administración de Justicia del departamento de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Cataluña, ha afirmado: “Sin duda, la aprobación del RDL 6/2023 supone un paso adelante en la mejora, ampliación y adecuación del uso de las tecnologías a la Administración de la Justicia.” Y ha añadido: “Situamos al ciudadano como centro del servicio público de la Justicia y como principal beneficiario de toda la actividad y el conjunto de servicios y aplicaciones tecnológicas que las administraciones competentes ponen al servicio de la Administración de la Justicia. “
La jornada se ha estructurado en cinco mesas redondas que han servido para abordar los principales cambios procesales que el RDL 6/2023 comporta a nivel jurídico y especialmente en relación al expediente judicial electrónico, la carpeta justicia, las reformas de la Ley de Enjuiciamiento civil (LEC), las reformas de la LECRIM, de la ley reguladora de la Jurisdicción Social, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los aspectos a tener en cuenta para garantizar el proceso judicial en los actos telemáticos.
En la primera mesa el catedrático de derecho procesal de la Universidad de Barcelona (UB) y director del Observatorio para la transición a la Ciberjusticia, Vicente Pérez Daudí, ha hecho una síntesis de las principales novedades del RDL 6/2023. Ha destacado los aspectos relativos a la digitalización de la Justicia y los riesgos que pueden producirse por delegar en un organismo administrativo su aplicación al proceso judicial y la incidencia en derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la tutela judicial efectiva. También ha expuesto las reformas procesales que se han realizado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), reiterando la crítica de que la LEC no establece las reglas generales de aplicación de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación al proceso judicial.
En la mesa sobre el expediente judicial electrónico y carpeta justicia, presentada por Encarna Orduna Pardo, decana del Colegio de la Abogacía de Reus y en la que han intervenido Benigno Villarejo Alonso, decano del Colegio de la Abogacía de Gijón y presidente de la Subcomisión de Justicia Digital del CGAE; Miguel Hermosa Espeso, decano del Colegio de la Abogacía de Palencia, Cristina Lorenzo Pérez y Iolanda M. Aguilar Juncosa, se ha expuesto el grado de digitalización de la justicia en Cataluña y los retos que presenta. Se ha destacado la necesidad de implantar y poder acceder de forma ágil al expediente judicial electrónico en todo el territorio. Desde el Departamento de Justicia se ha considerado que “esta reforma, con las enmiendas necesarias para velar por nuestras competencias en justicia y por la idiosincrasia de la justicia catalana, es necesaria para mejorar la administración de justicia”.
El secretario de la Junta de Gobierno del ICAB, Joaquim de Miquel Sagnier, ha presentado la tercera mesa, que ha versado sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) desde el punto de vista de la Fiscalía. Han intervenido Guillermo Ormazabal Sánchez, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Girona; Ignacio Fernández de Senespleda, magistrado; Cristina Vallejo Ros, coordinadora de Formación del ICAB y Neus Pujal Sánchez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Barcelona bajo la moderación de Mª Jesús Pesqueira Zamora, directora del Instituto I+Dret ICAB.
En esta mesa se ha destacado, en primer término, la técnica legislativa empleada y su amplio margen de mejora, tratando un posible uso indiscriminado del Real Decreto cuando se trata de regular nueva normativa que afecta derechos fundamentales como es la tutela judicial efectiva. En este sentido, se ha apuntado que requeriría una reflexión y un análisis profundo. En relación al ámbito civil se han introducido nuevas figuras como el procedimiento testigo y extensión de efectos para los supuestos de litigación en masa -de dudosa repercusión práctica- o el juicio verbal de efectividad de derechos reales. Asimismo, el monitorio se ha equiparado a lo que ya rige en el ámbito europeo y el juicio por desahucio –aunque no sufre modificaciones sustanciales– obligará a la revisión de los escritos procesales. En el orden penal, la opinión de la Fiscalía tranquiliza a los abogados porque la reforma acometida será llevada a cabo con carácter excepcional en relación con las actuaciones telemáticas.
La mesa de análisis sobre las reformas de la LECRIM, de la ley reguladora de la Jurisdicción Social, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha sido presentada por Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma y ha contado con la participación de Cristina Ferrando Montalvá, decana de los Juzgados de Barcelona, y de los abogados Jorge Navarro Massip, Alejandro Jiménez Marconi y Emma Gumbert Jordan; todos ellos moderados por Carlos García Roqueta, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB.
En el transcurso de ésta se ha expresado que a pesar del buen propósito del RDL 6/2023, el redactado de la norma podría haber sido mejor. Además, se ha celebrado “el adiós al papel” y que el expediente administrativo solo pueda ser electrónico. También han considerado que las modificaciones de la Ley reguladora de la jurisdicción social son insuficientes para alcanzar el objetivo de dinamizar plazos, introducir elementos de economía procesal o acelerar resoluciones. La conclusión de este debate ha sido que es necesaria una reforma de mayor importancia y reflexión para encaminarse a la eficiencia procesal que garantice la tutela judicial efectiva.
El diputado de la Junta de Gobierno del ICAB Frederic Munné ha presentado la última mesa de la Jornada, que ha versado sobre los actos procesales telemáticos y garantías del proceso. La sesión moderada por Tiziana Di Ciommo, presidenta de la Sección de Derecho Procesal del ICAB, ha contado con las reflexiones del magistrado Ignacio González Vega; del profesor Titular de Derecho Procesal UPN, Manuel Richard González y del catedrático de Derecho Procesal de la UB, Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol. Los participantes han puesto de manifiesto que la digitalización de la Justicia y la celebración de actos jurisdiccionales telemáticos acercan a una sociedad más moderna y eficiente, pero es necesario garantizar el respeto a las garantías procesales y a la inmediación judicial en la celebración de juicios, en especial cuando se practiquen pruebas personales.
