Ángel Gabilondo aboga por una remuneración digna para el Turno de Oficio

Redacción.

Cuatro años después de su primera edición, el Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid ha recibido este martes a Ángel Gabilondo en la última sesión presidida por el actual decano en funciones del ICAM. En sus palabras de bienvenida, José María Alonso ha subrayado la sintonía existente entre los profesionales de la abogacía, “defensores del derecho de defensa”, y la figura encargada de velar por los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables.  

Un Defensor del Pueblo a quien el decano ha exhortado, apelando a su condición de interlocutor con el poder legislativo, a sensibilizar a la clase política respecto a la necesidad de aumentar los presupuestos de Justicia para que todos los actores que integran el sistema puedan defender adecuadamente a los ciudadanos como se merecen, con especial mención a los abogados y abogadas del Turno de Oficio, para quienes ha reclamado una compensación digna a cambio de un servicio fundamental.  

“Es evidente que sea cual sea el partido que gobierne, la Justicia no parece que sea una política prioritaria, interesan mucho más otras cosas que invertir en Justicia, que supone que los profesionales estén mejor pagados, haya más medios y el Turno de oficio reciba una compensación digna. Esto muchas veces no es un problema de los responsables de Justicia, sino de que se atribuyan los recursos suficientes”, ha recalcado Alonso. 

Turno de oficio 

A este respecto, Gabilondo ha señalado que la lentitud de la Justicia “no obedece a la falta de empeño de quienes desarrollan esa tarea”, sino a la existencia de diversas “causas estructurales” que impiden una mayor celeridad. También se ha referido a la labor del Turno de Oficio, destacando que en España “la ciudadanía tiene veneración por lo que significa de compromiso con las personas en estado de necesidad, vulnerables e indefensas”.  

Sin embargo, y aunque “es una expresión de salud democrática el que en un país el Turno esté bien valorado”, ha recordado que España es el país europeo con más asuntos de justicia gratuita por habitante, pero uno de los que menos paga por asunto. En ese sentido, se ha mostrado partidario de equilibrar esta situación, “no por la vía de que tengamos menos personal sino de que el reconocimiento sea efectivo, también a la hora de abonar los recursos y cantidades que nos igualen a otros países”. 

Respecto al bloqueo crónico del Consejo General del Poder Judicial que afecta al normal funcionamiento de la Administración de Justicia, Gabilondo ha afirmado que “no hay vacantes sino vacíos, y creo que hay que rellenar los vacíos”. Para ello, se ha declarado partidario de que se cumpla la Constitución: “el debate no puede ser sobre si ha de hacerse o no, sino sobre cómo ha de hacerse. Los que tienen las competencias deben sentir la urgencia de la Constitución para encontrar una solución”. 

El poder de la buena voluntad 

El Defensor del Pueblo, ha explicado Gabilondo, “no es una instancia para mantener, poner o quitar Gobiernos”, tampoco “es juez ni parte en ningún proceso o procedimiento” ni “un órgano de control del Gobierno”. Se trata de un organismo de supervisión de la actividad administrativa en su relación con los ciudadanos: “toda nuestra labor se sostiene en el respeto a la ciudadanía y a las instituciones democráticas”, ha precisado.  

En su intervención, Gabilondo ha destacado el papel de una institución que se debe “implicar a través del derecho con la sociedad”, intervenir “decisivamente en la defensa de los derechos fundamentales” y estar atenta a “los procesos de transformación social”. Una institución que debe ser también decisiva en la búsqueda de espacios de convivencia y de concordia. “Cuando todo parece indicar que la discordia gobierna la realidad en no pocos ámbitos, nosotros no compartimos ese camino. Creo que la buena voluntad tiene mucho poder, pero hemos de reivindicar el poder de la buena voluntad”, ha insistido. 

Víctimas de abusos 

A preguntas sobre la labor del Defensor del Pueblo en la investigación de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica en España, Gabilondo ha anunciado que la institución, a través de la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV) puesta en marcha este año, ha recibido cerca de 250 testimonios de víctimas de abusos sexuales. 

“Se nos ha encargado hacer un informe, no hacer un juicio, así que no vamos a hacerlo a ninguna institución. Ese informe lo hacemos desde una base que es el testimonio de las víctimas y hay testimonios, a veces hay en un testimonio varias víctimas, unos 250 testimonios es lo que llevamos por ahora”, ha explicado.  

Por otra parte, y en relación a un presunto caso de abusos en un seminario de los maristas por parte de un profesor que luego fue delegado de Gobierno en Murcia, Gabilondo ha pedido “evitar la utilización política de las víctimas”, asegurando que desde el Defensor “trabajamos mucho para que no se politice” y poniendo en valor la Comisión “abierta y plural” creada a tal efecto y que componen 20 personas. 

Cañada Real 

Preguntado por la situación en la Cañada Real a las puertas del tercer invierno sin suministro eléctrico, Gabilondo ha adelantado que la institución emitirá en los próximos días una resolución ante lo que ha calificado de “emergencia humanitaria”. En ese sentido, y con independencia de que se lleven a cabo los realojos pertinentes, Gabilondo ha solicitado que se restituya el suministro eléctrico y el agua a todos los vecinos, estén en las condiciones en las que estén, tanto si tienen derechos sobre el terreno como si no los tienen. “Es imprescindible procurarles algo fundamental como el agua y la luz”, ha insistido. 

Vivienda 

Finalmente, el Defensor del Pueblo ha abordado el problema de la vivienda, recordando que en 2021 se registraron 588 quejas relacionadas con esta materia, 189 de las cuales relativas a la Comunidad de Madrid. Si bien se trata de una cuestión de “enorme dificultad” que suscita “encontronazos” en el debate político, Gabilondo ha afirmado que “es fundamental que hagamos un esfuerzo grande para considerar que este es un tema prioritario y que necesita una solución extraordinaria y estructural”. Asimismo, y mientras haya personas que se encuentran en situación límite y de extrema necesidad, “el Defensor estará atento también a cada caso individual”, ha concluido.