Redacción.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, presidió ayer el acto de inauguración del 1er Congreso de Ocupación Ilegal que la Abogacía de Málaga, junto al Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Mataró han organizado para los días 19 y 20 de mayo, en la malagueña sede colegial.
En su discurso, la ministra, ha incidido en que la ocupación ilegal es “una realidad que preocupa muy seriamente al Gobierno y que nos obliga a ser muy rigurosos y a evitar confusiones”. Asimismo, tanto el derecho a la propiedad como el de la vivienda son “derechos compatibles en nuestra Constitución y que esta protege”, siendo la vivienda “el quinto pilar del Estado del Bienestar”.
Además de la ministra Llop, el acto inaugural ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado Escaño, que ha aludido a este primer Congreso de Ocupación Ilegal como un “foro magnífico para abordar los problemas que genera la ocupación ilegal en nuestro país”. Una situación de la que “también se benefician las mafias”, haciendo hincapié en el “daño reputacional que, concretamente en Málaga, puede ocasionar al turismo y a la inversión extranjera”.
Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, María Francisca Carazo, se ha referido a este fenómeno como a algo que no es “aislado” y ha invitado a “reactivar cuanto antes las reformas normativas”.
Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General Abogacía Española, ha explicado que debe haber un “equilibrio entre la defensa de la persona, privada de su vivienda, y la situación de vulnerabilidad de muchas personas”, destacando el valor añadido que pueden aportar los juristas en esto.
Salvador González Martín, decano de la Abogacía de Málaga, se ha encargado de dar la bienvenida a todos los presentes, trasladando entre otras ideas que “pretendemos con este congreso un cambio normativo para hacer frente a las graves carencias de nuestro país en materia de vivienda”. El decano ha destacado el aumento de la ocupación en nuestro país, un problema cuyo tratamiento no puede olvidarse de las familias vulnerables.
La decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor Santana ha afirmado que “estamos asistiendo a un aumento de la ocupación delincuencial”. Una ocupación casi “a la carta”. Hay que adaptar la legislación a las nuevas formas de delincuencia, sin olvidar a las comunidades de propietarios.
Jesús M. Sánchez García, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha expuesto que “es necesaria una medida cautelar inmediata de desalojo de la persona que ocupa ilegalmente una vivienda, contra la voluntad de su propietario, ya sea éste, una persona física o jurídica. La Seguridad jurídica es imprescindible en un Estado de derecho”. También ha destacado la labor realizada desde la abogacía institucional para buscar instrumentos jurídicos que permitan terminar con la ocupación ilegal de viviendas.
En dicho acto, han estado también presentes distintos expertos y autoridades como el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano; el magistrado Antonio Alcalá Navarro; la directora de Asesoría Jurídica y Cumplimento normativo de la Fundación Unicaja, Isabel Fernández Machuca, así como representantes políticos, alcaldes, fuerzas de seguridad del estado, etc.
Durante la jornada, han tenido lugar un total de cinco mesas redondas conformadas por profesionales y expertos de distintas áreas relacionadas con la materia objeto de este congreso, con el claro objetivo de lograr un cambio normativo frente a la ocupación ilegal o delincuencial de inmuebles.
En definitiva, durante estos dos días, será objeto de exposición la problemática de la ocupación ilegal en España, desde todas las perspectivas: legal, política, social, económica y de seguridad.
