Por Neus Paulet
Secretaria general del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Lleida y Girona
Las graduadas y graduados sociales somos responsables de la gestión de más del 80% de las nóminas del Estado. Este hecho permite entender cómo de crítico está siendo nuestro trabajo desde el inicio de la crisis derivada por la pandemia del coronavirus, con el ingente volumen de actividad derivado de los millones de ERTEs y prestaciones que se han debido gestionar. Sin embargo, con mucha empatía hacia el administrado y la administración, hemos sacado horas y horas para compensar las deficiencias técnicas, normativas y de recursos que la Tesorería General de la Seguridad Social y el SEPE, entre otros, estaban sufriendo. Pasados casi dos años desde el inicio de la pandemia, los hechos, la casuística y la voluntad de servicio a la ciudadanía deben ser razones suficientes para que el funcionamiento de estas administraciones se acerque a la normalidad. El resto son excusas, o incluso abusos, sobre los y las profesionales como nosotros, que hemos estado paliando todo este tiempo las carencias y deficiencias del servicio.
La voluntad de servicio a la ciudadanía debe ser razón suficiente para que el funcionamiento de estas administraciones se acerque a la normalidad
Cuando has sido empático, eficiente y eficaz, esperas, al menos, un cierto retorno de esa empatía. Pues no. El retorno ha sido en forma de un abuso injustificable por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. A los cambios continuados en la normativa y reglamentaciones del sistema de la TGSS se ha sumado, también, la aplicación de la retroactividad en la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobado el mes de septiembre. No es hasta tres meses más tarde, en un manifiesto ejercicio de falta de previsión, que la TGSS publica la Orden, en fecha 3 de diciembre, y las instrucciones de aplicación el 10 de diciembre, donde se notifica la modificación de la base mínima y se obliga a redondear la de 1.125,83€ a 1.125,90€, siete céntimos por nómina, desde septiembre. Es decir, se deben recalcular todas las nóminas hechas desde septiembre, con todo el impacto que tiene en las retenciones, en la comunicación a empresas y trabajadores, en las liquidaciones, etc. Hay que tener presente que el SMI en España y en estas circunstancias socioeconómicas es más que frecuente en gran parte de los sectores productivos del país. ¡Y esto se supone que tenía que estar hecho el 21 de diciembre! Uno de los meses con mayor trabajo del año…
Agregar, además, que contactar con la Tesorería General, abonada al teletrabajo y con un sistema de atención y respuesta a administrados y profesionales, vergonzosamente ineficiente, era una pérdida de tiempo. Hay que tener presente el potencial impacto que esta tarea hecha a contrarreloj puede tener en posibles fallos en la gestión; lo que podría derivar en potenciales sanciones para empresas y autónomos, o retrasos en la recepción de las prestaciones de las personas trabajadoras.
Por eso, en el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Lleida y Girona hemos denunciado públicamente las graves deficiencias en el funcionamiento de la Tesorería General de la Seguridad Social. Unas carencias que, desafortunadamente, nos afectan a nosotros de primera mano y ponen en riesgo la estabilidad de muchas empresas y la seguridad económica de trabajadores y trabajadoras. Exigimos que se dote a la Tesorería General de la Seguridad Social de los suficientes recursos humanos, técnicos y administrativos, por respeto a los funcionarios y funcionarias que deben prestar el servicio y a los administrados y profesionales que les representamos, con responsabilidad compartida. También pedimos la constitución de una comisión bilateral Tesorería General – Graduados Sociales de la que poder participar con voz propia, que permita un flujo continuo de información. Y que la administración aproveche nuestra experiencia, derivada del contacto día a día con empresas y trabajadores, y nos consulte todo lo necesario para evitar situaciones como la denunciada, ofreciendo a los administrados la máxima calidad en la prestación de los servicios.
