Redacción.
23 de noviembre de 2018.
La influencia del movimiento feminista en los cambios sociales de la Transición, la legislación discriminatoria y las propuestas de reforma surgidas desde el colectivo de mujeres abogadas han sido los temas abordados en las dos primeras mesas de la VI Cumbre de Mujeres Juristas, que se celebra hoy en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.
Bajo el título “El movimiento feminista, actividad e influencia en los cambios sociales de la Transición”, a primera hora de la mañana intervenían destacadas testigos y protagonistas de esa época tan relevante para la historia de España: la moderadora Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas; Inés Alberdi, catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid; Begoña San José Serrán, miembro del Fórum de Política Feminista; la abogada Rosario Carracedo Bullido; y la miembro de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero Corominas.
Pérez del Campo ha abierto el debate de forma tajante: “Estamos en una democracia por consolidar, todas tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que la igualdad sea algo más que la expresión de un deseo, porque acaben los asesinatos de mujeres, porque no haya discriminación, y por lograr el fin de la violencia”.
A lo largo de las intervenciones, se ha recalcado cómo la influencia de movimientos feministas cristalizó en importantes logros, desde el divorcio, el aborto, o el reconocimiento de la igualdad de todos ante la Ley. “Llegamos a 1975 con ganas de ser europeos”, señalaba Alberdi. Para la abogada, la Transición, un periodo en el que los partidos estaban comenzando su andadura sin tener sectorizado al electorado, fue clave porque “escuchaban a todos, por eso, entre otros hitos, “se consiguió algo que no había logrado ni la 2ª República: la igualdad en el matrimonio, acabando así con la obediencia al marido y la autoridad hegemónica del padre”.
Movimiento feminista
San José ha reflejado otro aspecto de la realidad de entonces: la integración del feminismo en el movimiento obrero, “un colectivo muy álgido y muy represaliado”, y también muy significativo, ya que como refirió la ponente, mientras que frente a la Constitución “no todas estábamos de acuerdo, cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980 hubo consenso generalizado en los movimientos feministas”. Pese a ello, en la actualidad “las mujeres representan el 41% del empleo y, sin embargo, ¼ tiene trabajo a tiempo parcial: no era eso por lo que luchábamos”, ha declarado San José, que también denunció “la existencia de Estados anti-igualitarios, dentro de la ONU y en el Consejo de Europa”.
“El movimiento feminista plantea la necesidad de ponerlo todo patas arriba: las estructuras de las organizaciones, la economía, la institución familiar, los privilegios consolidados y cambiar las relaciones personales”, ha asegurado Montero, insatisfecha sin embargo porque “40 años después, la Constitución no responde a los problemas en la organización social y a los conflictos que genera en nuestra convivencia, se sitúa el bienestar de los mercados por encima del de las personas”.
En este sentido, Carracedo, discrepando con las ponentes anteriores, ha sostenido que “la mujer fue la gran víctima del consenso político de la Transición”, sin embargo, la letrada ha reconocido que “a pesar de ello construimos el movimiento que nos ayudó a vitalizar y conseguir las reformas legales de los años subsiguientes” como la Ley del divorcio, “fruto de las reivindicaciones y movilizaciones de organizaciones feministas”. Además, Carracedo ha destacado también como logro del feminismo el “haber sacado a la palestra el debate sobre la violencia doméstica”.
Mujeres juristas
Bajo el título “Las Mujeres Juristas, su denuncia de la legislación discriminatoria y sus propuestas de reforma”, la segunda mesa de debate ha contado con la participación de abogadas ilustres que también hicieron carrera en el ámbito político como Cristina Alberdi, Consuelo Abril, Cristina Almeida y Purificación Gutiérrez López. Antes de dar paso a sus intervenciones, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, María Eugenia Gay, ha recordado que “sin igualdad no hay democracia, y en estos momentos en los que no hay igualdad plena, estamos ante una democracia por consolidar”. Para Gay, encargada de moderar la mesa, “un país en cuyas leyes se vislumbra discriminación por razón de sexo es un país menos democrático de lo deseable”.
Por ello, la decana ha querido valorar el “incansable esfuerzo y labor” de muchísimas mujeres que “han estado al frente y han luchado con todas sus fuerzas” para conseguir “un cambio de paradigma que ha demostrado que la igualdad real y efectiva puede ser posible”, como las ponentes de la segunda mesa redonda.
La primera en intervenir ha sido la ex ministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi quien, tras hacer un repaso testimonial de sus inicios profesionales al frente de la defensa de la mujer, ha recordado que sus compañeros hombres consideraban que “feminizar era devaluar” el ejercicio profesional.
Alberdi ha explicado cómo se organizó junto a otras compañeras para formar una red de colectivos jurídicos con la finalidad de defender a las mujeres víctimas de violencia de género: “Nos organizamos para defender a las mujeres en una especie de turno de oficio paralelo”, algo que no gustó nada a sus compañeros varones que “estudiaron denunciarnos por competencia desleal”, y que el antiguo decano del ICAM, Antonio Pedrol, frenó.
Para finalizar, Cristina Alberdi ha reivindicado que “las mujeres, aunque invisibles en su mayoría, también hicimos la Transición y contribuimos a la transformación de la sociedad de una forma decisiva” y ha incidido en que, aunque el papel de las mujeres juristas fue destacado, “fue mayoritariamente la sociedad progresista la que clamaba por un cambio que fue fraguado a lo largo de los años, un nuevo modelo de sociedad que hoy, aunque quede mucho por hacer, ya está consolidado”.
Violencia institucional
La siguiente ponente, Consuelo Abril, ha centrado su intervención en la dimensión institucional de la violencia contra la mujer, un tipo de violencia que, al no estar apenas regulada, tampoco se aplica. En ese sentido, Abril ha mencionado una sentencia muy significada, la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en diciembre de 2016, que pone de manifiesto “que la violencia contra las mujeres es una cuestión de seguridad pública, de la cual es responsable el Estado.”
Aunque en el campo de la violencia de género se han producido notables avances, como el Pacto de Estado “que ha significado una voluntad política para erradicar la violencia de género y también ha incorporado la violencia sexual, la económica, la trata de mujeres con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados”, para la abogada no se visibiliza suficientemente que estamos ante una vulneración de Derechos Humanos en la que el Estado puede ser responsable, por acción o por omisión. Un ejemplo de esta omisión se encontraría en la aplicación de la ley de igualdad, que indica que “todos los operadores tienen que tener perspectiva de género y el Estado es responsable de dar la formación adecuada”, algo que estaría incumpliendo en la actualidad.
Llamada a la responsabilidad
Desde su triple condición de laboralista, feminista y militante política, Cristina Almeida apeló en su intervención al valor del título de abogada como “la mejor arma para defender la libertad y la democracia”. En aquella época, ha recordado Almeida, las pocas mujeres que obtenía la licenciatura en Derecho y se incorporaban al ejercicio, entendían la abogacía como un compromiso para transformar la realidad en el que, más allá de la defensa y la aplicación de las leyes su objetivo era contribuir a transformarlas y mejorarlas.
En ese sentido, conocida laboralista ha hecho una llamada a la responsabilidad de los profesionales de la abogacía, una profesión “importantísima” por lo que implica de defensa “no solo de personas, sino de valores que no pueden nunca perderse en el ejercicio de nuestra profesión, y si lo conseguimos la sociedad puede estar tranquila”.
Dirigiéndose específicamente a las mujeres juristas, y desde sus más de 50 años de trayectoria profesional, Almeida ha destacado la importancia de reivindicar la condición de abogada como una forma de “visibilizar la capacidad de las mujeres para ganarse su propio espacio, un espacio distinto en el que practicamos la abogacía con nuestro propio estilo.” En ese espacio, ha concluido Almeida, es fundamental que las abogadas empaticen profundamente con la problemática de sus representadas.
“Solo las mujeres honestas tenían protección penal”
Por su parte, Purificación Gutiérrez recordó en primera persona cómo era el derecho penal vigente en el momento de su incorporación al ejercicio de la abogacía. “Los bienes que se protegían en el derecho penal del franquismo era la institución familiar, el honor de los varones, padres y maridos”. En su opinión, en aquella época “la ley era un instrumento para moralizar y en el campo penal se orientaba hacia la represión y no hacia la protección de los derechos de los ciudadanos, menos aún hacia la protección de los derechos de las mujeres”. Durante el régimen franquista, según ha afirmado la que fuera directora del Instituto de la Mujer, se consagró el principio de la doble moral sexual, protegiendo el honor de los hombres a costa de la libertad de las mujeres: “Solo las mujeres honestas tenían protección penal”.
En esas circunstancias, y aunque el objetivo último de las mujeres juristas era cambiar todo el andamiaje legal construido durante el régimen franquista, se centraron en algunas de las cuestiones más flagrantes como la supresión del delito de adulterio, la despenalización de los métodos anticonceptivos, la derogación del delito de aborto o la inclusión de los malos tratos como delito en el Código Penal.
