Redacción.
7 de noviembre de 2018.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha reunido esta mañana con cinco asociaciones de jueces y fiscales, Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF). Durante el encuentro, Delgado ha repasado el grado de cumplimiento, por un lado, de sus reivindicaciones profesionales y, por otro, de sus demandas estrictamente salariales.
Respecto de las primeras, Delgado –que ha acudido al encuentro acompañada del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; y la directora general de Modernización, Sofía Duarte- ha explicado a los representantes de ambos colectivos que el ministerio ha puesto en marcha medidas para darles cumplimiento, muchas de las cuáles se encuentran en este momento en tramitación parlamentaria.
La ministra ha recordado que el Gobierno apoya la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitó a seis meses con carácter general el plazo para la instrucción en las causas penales, lo que ha posibilitado espacios indeseables de impunidad. Dolores Delgado ha expuesto que algunos grupos parlamentarios han obstaculizado esta reivindicación de todos los colectivos con hasta 52 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas en el Congreso, lo que mantiene paralizada la iniciativa.
Delgado ha subrayado además que se está ultimando en el Senado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que afecta a la recuperación de derechos laborales de jueces y fiscales tales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales. Se trata de logros sociales que habían sido cercenados por reformas acometidas por gobiernos anteriores.
Los representantes del ministerio han trasladado a las asociaciones la imposibilidad de promover que sean solo los jueces los que elijan con carácter exclusivo a los vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al no existir consenso entre las fuerzas parlamentarias sobre este asunto. Pero han recordado que el Gobierno apoya iniciativas para acabar con el sistema presidencialista y recuperar la dedicación exclusiva de los vocales, así como las competencias del Pleno anteriores a la reforma de 2013. El objetivo es profundizar en el refuerzo de la independencia de jueces y magistrados.
La ministra y su equipo también han puesto sobre la mesa que ya se está tramitando la creación de 75 nuevas unidades judiciales en el año 2019. El ministerio ha enviado su propuesta a las comunidades autónomas y está a la espera de que respondan para continuar con la tramitación. Delgado ha resaltado el enorme esfuerzo para racionalizar la digitalización de la Justicia, así como la implantación de nuevas oficinas judiciales, aspectos en los que, antes de tomar decisiones, se está oyendo a todos los actores implicados. La directora general de Modernización, Sofía Duarte, recorre personalmente desde el pasado septiembre distintas sedes judiciales del territorio gestionado por el ministerio con el objetivo de conocer las deficiencias en el funcionamiento de los sistemas informáticos, los problemas organizativos y de personal e incluso las necesidades en los edificios judiciales.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, ha explicado que el nuevo equipo ha recuperado las relaciones institucionales y el diálogo con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. El nuevo clima ha permitido poner en marcha “en tiempo récord” las oposiciones a 300 plazas de jueces y fiscales que se están celebrando desde el pasado 7 de octubre.
La normalidad en las relaciones institucionales, también ha posibilitado, según Rasillo, la ordenación y la pronta respuesta a demandas del CGPJ para refuerzos y sustituciones (que antes duraban meses). La directora general ha recordado además que, desde la llegada del nuevo equipo, las propuestas de nombramientos de fiscales del Ministerio Público se aprueban a la mayor brevedad.
Finalmente, respecto a las reclamaciones retributivas, la ministra ha recordado que las condiciones salariales de jueces y fiscales se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo -que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo, es decir, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno. Hasta esa fecha no se había convocado la mesa de retribuciones de la carrera judicial y fiscal, única vía posible para hacer llegar de manera efectiva las demandas salariales de ambos colectivos.
Delgado ha subrayado el logro de haber convocado esa mesa el pasado 27 de septiembre por primera vez en 15 años. La ministra ha explicado que el objetivo de ese foro –en el que se sientan, además de Justicia, los ministerios de Hacienda y Política Territorial; el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, y las distintas asociaciones profesionales- es singularizar los aspectos salariales propios de ambas carreras, como por ejemplo las guardias, la productividad o las diferencias retributivas en función del tamaño del grupo de población al que presten sus servicios.
Pese a la reciente convocatoria de huelga, el ministerio y las asociaciones mantienen abiertas todas las vías de comunicación y se han citado para un nuevo encuentro el próximo lunes 12 de noviembre. Al de hoy han asistido, junto a los representantes del ministerio, Manuel Almenar (APM), Ignacio González Vega (JJpD), Concepción Rodríguez (FJI), Cristina Dexeus (AF) y Emilio Fernández García (UPF).
