El pasado 1 de noviembre de 2012 en el Pabellón Madrid Arena se produjo la tragedia. Cinco chicas perdieron la vida mientras se celebraba una macro fiesta de Halloween en que participaba el conocido DJ Steve Aoki, entre otros.
Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban murieron la misma noche, mientras que las otras dos jóvenes, Belén Langdon y María Teresa Alonso lo hicieron una y cuatro semanas más tarde, respectivamente. La principal causa de esta desgracia fue el exceso de aforo que presentaba el Madrid Arena, junto con la apertura de una puerta de carga que fue usada por muchos jóvenes para acceder desde el exterior, provocando un gran alud de jóvenes que querían escuchar de bien cerca al DJ internacional. Así pues, alrededor de las tres y media de la madrugada, uno de los pasillos quedó taponado, hecho que causó que varías personas quedaran aplastadas (entre las cuales había las cinco chicas que posteriormente perderían la vida durante esa fatídica noche). En lugar de intervenir, la policía decidió no hacerlo para no crear pánico entre los jóvenes ni protestas por la interrupción del concierto y la fiesta continuó hasta las seis y media de la mañana.
La noticia creó un gran revuelo a nivel nacional, y rápidamente el principal acusado fue Miguel Ángel Flores, empresario de acontecimientos y dueño de la empresa Diviertt, la promotora de la fiesta; junto con la empresa Seguriber que gestionaba la seguridad del recinto. Aparte del exceso de aforo y las posibles irregularidades también hay que valorar que alrededor del Pabellón se produjo un macrobotellón que en ningún momento fue controlado por la Policía Municipal, ni se dispuso de los servicios sanitarios necesarios. Así pues, las irregularidades estaban presentes en todos los ámbitos: seguridad, sanidad y gestión del acontecimiento.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a cabo una Comisión de Investigación, las conclusiones de la cual fueron aprobadas sólo por el PP, partido que decidió vetar la comparecencia de la alcaldesa en la investigación interna y la de varios técnicos y funcionarios municipales. Desde aquel momento ya se pedía la dimisión de Emilio Monteagudo, pero ha tardado casi dos años en hacerse efectiva. El inspector llegó afirmar que el botellón no se había celebrado en los cincuenta metros inmediatos al recinto y que tampoco había habido ninguna denuncia por consumo de alcohol en la calle.
Además, el inspector tiene que responder por un delito de falsedad documental, por afirmar que había ordenado el cambio de nivel de riesgo de medio a alto para el acontecimiento. Cándida Jiménez, la oficial que se encargó del acto, manifiesta que esta orden nunca se produjo. “Se trata de investigar y averiguar si la documentación y que tiene fecha posterior a los hechos acaecidos fue creada ‘ad hoc’ para justificar una decisión, el cambio de riesgo medio a riesgo alto, que quizás nunca se produjo”, señala el juez. De hecho, no hay ningún documento que acredite la modificación del nivel de riesgo, elemento que parece indicar que las declaraciones del inspector Monteagudo son ficticias y que el consistorio hace más de un año que no expone los hechos tal y como se produjeron. Aparte de la incongruencia de declaraciones sobre el tipo de riesgo, también las hay en otros ámbitos, como el hecho que muchos testigos exponen que el botellón se empezó a hacer horas antes del inicio del acontecimiento, y que incluso llegaba hasta la salida de la estación de Lago del metro madrileño (a un kilómetro del Pabellón Madrid Arena).
El papel de la fiscalía en este caso también ha sido relevante, puesto que desde un inicio intentó que Monteagudo conservara su cargo, incluso instando al juez que no lo acusara, al creer que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Pero el instructor del caso ha decidido acusarlo para que pueda explicar cómo se pudo permitir la celebración del macrobotellón alrededor del recinto. Éste ve una evidente relación causa – efecto entre el botellón “que nunca tendría que haber existido” y el resultado letal que se produjo. Es evidente que no fue la única causa, pero sí una de las principales y justamente la función de la Policía Municipal era impedirlo, razón por la cual su máximo responsable tiene que responder ante esta negligencia, afirma el juez instructor, Eduardo López – Palop, que en la provisión declara: “la Policía Municipal ni evitó, ni paró, ni aminoró, sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa y, en todo caso, muy alejada de sus estrictas obligaciones“. Todos estos acontecimientos han desencadenado en la dimisión de Emilio Monteagudo. Paralelamente se ha producido la apertura de un proceso para cubrir la vacante de inspector lo más pronto posible, que se hará por libre designación.
La resolución judicial del día 29 de agosto se ha dado a conocer esta semana y desde el consistorio municipal se ha emitido el siguiente comunicado: “El delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Enrique Núñez, ha aceptado esta misma mañana la dimisión que le ha sido presentada por Emilio Monteagudo una vez que ha conocido que el juez mantenía de forma formal su imputación en esta causa (…) la Policía Municipal de Madrid, con sus más de 6.300 agentes, continuarán con su actividad habitual, al servicio de los ciudadanos. (…)La profesionalidad de todos los componentes del Cuerpo, que ha quedado demostrada a lo largo de su historia, es la mejor garantía de seguridad para los madrileños y cuantos nos visitan”, concluye el comunicado.
Eduardo López – Palop también ha imputado, de la empresa Diviertt, a Miguel Ángel Flores, a Santiago Rojo (director), y a Miguel Angel Morcillo (jefe de personal); de la empresa Kontrol 34, a Carlos Manzanares y Emilio Belliard como socio y apoderado, respectivamente; de la sociedad Madridec, a Rafael Pastor Martín como director del Departamento de Seguridad; por parte de la empresa Seguriber, a Juan José Paris y Raúl Monterde como coordinadores, a José Antonio Díaz Romero como jefe de equipo, y a Roberto Martas como vigilante de seguridad de la misma empresa; a Francisco del Amo como coordinador de proyectos; a José Ruiz Ayuso como técnico de operaciones y encargado de Emergencias del acontecimiento; a José Luis Rodríguez Caamaño como jefe de Departamento de Seguridad; más los doctores Simón y Carlos Viñals.
